Altura del rio
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Juan Ruiz Orrico enfrenta otra causa judicial mientras espera que quede firme su condena por la tragedia de la Ruta 39
Juan Enrique Ruiz Orrico continúa afrontando distintos frentes judiciales. Mientras la Justicia provincial confirmó la condena en su contra por el choque fatal ocurrido en 2024 sobre la Ruta Provincial 39, en la Justicia Federal permanece abierta una investigación por presuntas irregularidades en las obras de dragado del Río Uruguay.
En el ámbito provincial, la Cámara de Casación de Concordia rechazó recientemente el recurso presentado por la defensa del exfuncionario y ratificó la pena de cinco años y ocho meses de prisión efectiva por el siniestro vial del 20 de junio de 2024. Sin embargo, la sentencia todavía no se encuentra firme, por lo que Ruiz Orrico continúa en libertad.
La condena está vinculada al accidente ocurrido a la altura del kilómetro 123 de la Ruta 39, cuando, según quedó acreditado en el juicio, el entonces presidente del Instituto Portuario Provincial de Entre Ríos (IPPER) invadió el carril contrario con un Volkswagen Passat oficial y chocó de frente contra un Chevrolet Corsa. Como consecuencia del impacto fallecieron Brian Izaguirre, Lucas Izaguirre, Leonardo Almada y Axel Rossi, cuatro trabajadores de Basavilbaso que se dirigían a cumplir con su jornada laboral en Pronunciamiento.
Investigación federal por el dragado del Río Uruguay
En paralelo, Ruiz Orrico continúa siendo investigado en una causa federal iniciada en 2019 a partir de una denuncia presentada por el ingeniero y abogado Carlos Jaime Hartwig por presuntas irregularidades en las licitaciones de las obras de dragado del Río Uruguay ejecutadas por la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU).
La presentación sostiene que habría existido una presunta cartelización de empresas para adjudicar trabajos por unos 36 millones de dólares, cuando el costo estimado de mercado rondaría los 16 millones, lo que habría generado un perjuicio cercano a los 19 millones de dólares para los Estados argentino y uruguayo.
En el expediente también son investigados otros exintegrantes argentinos de la CARU, entre ellos Mauro Héctor Vazón, actual presidente del Consejo de la Magistratura de Entre Ríos; Jorge Diego Satto, secretario de Turismo de la provincia; y Pieter Jan de Nul, representante de la empresa que históricamente realizó las tareas de dragado.
Los delitos investigados incluyen presunto fraude a la administración pública, asociación ilícita, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
Un expediente con varios cambios de rumbo
La causa tuvo un recorrido judicial complejo. En marzo de 2021, el entonces juez federal subrogante de Concepción del Uruguay, Hernán Viri, dispuso el archivo del expediente al considerar que no existían elementos suficientes para configurar un delito.
Sin embargo, la decisión fue apelada por el Ministerio Público Fiscal y la Cámara Federal revocó esa resolución, ordenando profundizar la investigación al entender que aún restaban medidas probatorias e identificación de posibles responsables.
Posteriormente, un conflicto de competencia llegó hasta la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que en julio de 2024 resolvió que el expediente debía continuar tramitándose en el Juzgado Federal de Concepción del Uruguay.
Durante febrero y marzo de este año, Ruiz Orrico y los demás imputados fueron convocados a declaración indagatoria luego de que la investigación reuniera nuevos elementos considerados suficientes para sostener un estado de sospecha. No obstante, el 17 de marzo el juez dictó la falta de mérito para los acusados, por lo que la investigación continúa sin un procesamiento firme.
La Cámara rechazó los planteos de la defensa
Los abogados defensores de Ruiz Orrico, Leopoldo Lambruschini y Félix Patricio Pérez, intentaron frenar el avance del expediente mediante distintos planteos procesales. Entre ellos, sostuvieron que la Justicia argentina carecería de competencia para intervenir debido a la inmunidad de jurisdicción que, según argumentaron, posee la CARU, además de cuestionar la validez de las indagatorias por el principio del juez natural.
Esos planteos fueron rechazados en primera instancia y posteriormente apelados. Finalmente, el pasado 30 de junio, la Cámara Federal de Apelaciones de Paraná confirmó la decisión del juez y desestimó los recursos presentados por las defensas de Ruiz Orrico y los demás imputados, habilitando la continuidad de la investigación federal.
Fuentw: Uno Entre Ríos.
