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Nuevo informe de la CARU reaviva el debate por el impacto ambiental de la planta UPM en el río Uruguay
Un reciente informe elaborado por el Comité Científico de la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU) volvió a poner en el centro de la escena la controversia ambiental en torno a la planta de celulosa UPM (ex Botnia), instalada en Fray Bentos. El documento detectó episodios de toxicidad en muestras de efluentes analizadas durante los últimos meses de 2023, lo que reabrió el debate sobre las consecuencias ambientales de la actividad industrial en el río compartido por Argentina y Uruguay.
Según los resultados presentados, los estudios registraron efectos sobre Daphnia magna, un organismo utilizado internacionalmente como indicador biológico para evaluar la calidad del agua. Especialistas vinculados al comité científico interpretaron que la toxicidad observada estaría asociada a los efluentes provenientes de la planta, una conclusión que para distintos actores involucrados en la histórica disputa ambiental representa una validación de los reclamos sostenidos durante años por la comunidad de Gualeguaychú.
El conflicto por la instalación de la entonces Botnia se remonta a 2005 y generó una de las mayores movilizaciones ambientales de la historia reciente de Entre Ríos. Durante ese proceso, el exgobernador Jorge Busti fue una de las principales voces políticas que denunció posibles impactos sobre el ecosistema del río Uruguay, sosteniendo reiteradamente que existían evidencias de contaminación asociadas a la actividad de la pastera.
Los antecedentes científicos sobre la cuestión no son nuevos. En 2016, un estudio binacional había señalado incumplimientos en diversos parámetros ambientales, entre ellos concentraciones de hierro, aceites, grasas, fenoles y metales pesados en áreas cercanas a la planta Orión. Aquella investigación también advirtió un deterioro de la calidad ambiental en la desembocadura del río Gualeguaychú.
El antecedente judicial en La Haya
La controversia derivó además en una demanda presentada por Argentina ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya. Aunque el tribunal no ordenó el cierre ni la relocalización de la planta, sí determinó que Uruguay incumplió obligaciones de procedimiento establecidas en el Estatuto del Río Uruguay de 1975 al avanzar con la autorización de la obra sin la debida consulta previa.
Ese fallo fue interpretado por dirigentes y organizaciones ambientalistas como un reconocimiento a los cuestionamientos planteados desde el inicio del conflicto, aun cuando no alcanzó las expectativas de quienes impulsaban medidas más severas contra el emprendimiento industrial.
Una causa que marcó a Entre Ríos
Más allá de los resultados judiciales y de los informes técnicos, el conflicto dejó una profunda huella en la sociedad entrerriana. La movilización sostenida durante años fortaleció la agenda ambiental en la provincia y promovió una mayor conciencia sobre la preservación de los recursos naturales y la importancia estratégica de los ríos para el desarrollo regional.
A más de dos décadas del inicio de las protestas, la publicación de nuevos estudios vuelve a poner en discusión el equilibrio entre producción industrial, control ambiental y protección de los ecosistemas compartidos, una cuestión que continúa siendo sensible para las comunidades ribereñas de ambos países.
