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La Justicia congeló billeteras cripto por el caso $LIBRA y busca identificar a sus titulares
El juez ordenó congelar billeteras vinculadas al caso $LIBRA y exigió a exchanges internacionales identificar a sus titulares para reconstruir la ruta del dinero.
La Justicia federal dio un nuevo paso en la investigación del caso $LIBRA al ordenar el congelamiento de decenas de billeteras virtuales presuntamente vinculadas a la operatoria bajo sospecha. Además, dispuso que los principales exchanges internacionales de criptomonedas entreguen información para identificar a los titulares de esas cuentas y aportar datos que permitan reconstruir el recorrido del dinero.
La medida fue dictada por el juez federal Marcelo Martínez De Giorgi, a pedido del fiscal Eduardo Taiano, luego de un informe elaborado por el Departamento Técnico de Cibercrimen de la Policía Federal.
Según la resolución judicial, existen elementos suficientes para adoptar una medida cautelar debido a que se encuentran acreditados tanto «la verosimilitud en el derecho como el peligro en la demora», condiciones necesarias para evitar que los activos digitales sean transferidos o desaparezcan antes de que finalice la investigación.
El magistrado sostuvo que el congelamiento de las billeteras busca garantizar una eventual ejecución de medidas patrimoniales y un posible decomiso de bienes que pudieran estar relacionados con hechos ilícitos.
La reconstrucción del recorrido del dinero
El informe técnico incorporado al expediente reconstruyó el recorrido de los activos digitales desde las denominadas «Team Libra Wallets» hacia distintas direcciones intermedias y, posteriormente, a plataformas internacionales de intercambio de criptomonedas.
De acuerdo con la documentación judicial, los investigadores detectaron una «secuencia continua e ininterrumpida de transacciones on-chain» que permitió vincular las distintas billeteras analizadas dentro de una misma estructura de movimientos financieros.
El expediente también señala que parte de los fondos llegaron a servicios de intercambio y transferencia de criptoactivos como Jup.ag, FixedFloat y deBridge Finance, entre otros.
Otro de los aspectos destacados del fallo hace referencia a una posible maniobra conocida como «pitufeo digital» o «smurfing», utilizada para dificultar el seguimiento del dinero.
Según la resolución, una vez que los fondos llegaron a una cuenta centralizada fueron distribuidos diariamente en múltiples billeteras vinculadas a distintos proveedores de servicios de activos virtuales (VASP).
Para el juez, esta estrategia habría tenido como finalidad fragmentar los montos para convertir posteriormente los activos en moneda tradicional o dificultar el rastreo de las operaciones.
El origen de la causa
La investigación procura determinar las circunstancias que rodearon el lanzamiento y la promoción del criptoactivo $LIBRA.
En la resolución se recuerda que el 14 de febrero de 2025, el presidente Javier Milei publicó en su cuenta de X un mensaje promocionando el proyecto y el contrato para adquirir el token.
Según la denuncia que dio origen a la causa, tras esa publicación el valor del activo pasó de US$0,01 a casi US$5, aunque horas más tarde sufrió un fuerte desplome.
La presentación judicial sostiene que esa operatoria habría permitido el retiro de aproximadamente 100 millones de dólares por parte de un reducido grupo de billeteras, mientras más de 40.000 personas que habían adquirido el token sufrieron pérdidas por la caída del precio.
Qué información deberán entregar los exchanges
Además del congelamiento de las billeteras virtuales, el juez ordenó a Binance, Bybit, OKX, CoinEx, FixedFloat y Bitfinex remitir toda la información disponible sobre los usuarios vinculados a las cuentas investigadas.
Entre los datos solicitados figuran la documentación utilizada para abrir las cuentas (KYC), registros de direcciones IP, historial de movimientos de criptomonedas, cuentas bancarias asociadas, direcciones empleadas para enviar o recibir fondos y documentación interna relacionada con las operaciones.
Las diligencias serán realizadas por el Departamento Técnico de Cibercrimen de la Policía Federal y, cuando resulte necesario, contarán con la intervención de Interpol.
Para el magistrado, la rapidez con la que pueden movilizarse los activos digitales hace necesario mantener inmovilizadas las cuentas investigadas, con el objetivo de evitar que el dinero desaparezca y se produzca un perjuicio irreparable para el avance de la causa. (Ámbito)
