El Gobierno flexibilizó la tenencia de armas peligrosas para civiles: Desde pistolas semiautomáticas hasta carabinas

En sus publicaciones, lanzadas en junio pasado, el Gobierno Nacional flexibilizó la normativa sobre armas de fuego para uso civil y modificó los requisitos de tenencia en las fuerzas de seguridad. El primero de ellos, el decreto 397/2025, lleva las firmas de Javier Milei, Guillermo Francos y Patricia Bullrich y establece que desde ahora los particulares podrán solicitar autorización especial para adquirir armas semiautomáticas alimentadas con cargadores removibles, así como carabinas y subametralladoras derivadas de armamento militar de calibre superior al .22 LR.

Este tipo de armamento estaba restringido al uso exclusivo de las Fuerzas Armadas según el decreto 64/1995. Sin embargo, los considerandos de la nueva norma señalan que el régimen anterior restringía “al mínimo la concesión de tales permisos”, explicó el blog especializado Palabras del Derecho. Además, se habilita la utilización de estas armas para actividades deportivas y se designa a la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMAC) como autoridad de aplicación para el control especial de este tipo de armamento.

Además, el 20 de mayo, el titular de ANMAC, Juan Pablo Allan, anunció la Tenencia Digital Express “para hacer todo el trámite online, sin papeles ni vueltas, y dentro de las 72 hs”. La medida fue festejada por Bersa, la fábrica de armas más grande del país en su cuenta de X.

Por otra parte, mediante el decreto 409/2025, también firmado por el Presidente, el Jefe de Gabinete y la Ministra de Seguridad, se introdujeron cambios en la Ley de Armas y Explosivos N° 20.429. La modificación desregula los controles sobre la adquisición de armas particulares por parte del personal de las Fuerzas Armadas, de Seguridad, servicios penitenciarios y policías provinciales.

Hasta ahora, quienes portaban armas de guerra debían renovar su autorización cada año. Sin embargo, el Gobierno argumentó que realizar este trámite anual representaba “una carga excesiva” para los efectivos, y que las propias autoridades institucionales son “las más indicadas para evaluar si sus subalternos han adquirido o mantienen las condiciones necesarias para el uso de armas, en la categoría de la que se trate en cada caso”.

Según el texto oficial, cuando una fuerza autoriza la entrega de un arma a un efectivo significa que ya se lo considera “física y psicológicamente apto para asumir la responsabilidad de su tenencia y portación”. Por lo tanto, si el mismo efectivo adquiere otra arma de forma particular, “su situación no cambia respecto del grado de responsabilidad”.

En palabras del Poder Ejecutivo, la intención de estas medidas es “desregular y simplificar los trámites necesarios para el registro legal de las armas de fuego”, agregó Palabras del Derecho.

Advierten que flexibilizar armas potenciará la violencia y al crimen organizado

Las decisiones activaron alertas de organismos de derechos humanos y por el desarme. El Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (Inecip) en conjunto con la Red Argentina para el Desarme difundieron un comunicado en el que preguntaron: “¿A quién le sirve la desregulación del mercado de armas?” y recordaron que “hace diez años, en plena campaña presidencial del 2015, todo el arco político logró un acuerdo en el Congreso y votó, prácticamente por unanimidad, la creación de la ANMAC, en reemplazo del viejo RENAR creado en 1973” con el objetivo de “superar el viejo paradigma meramente registral para pasar a una agencia moderna basada en el concepto humanista de prevención de la violencia armada”.

Pero, como marcaron los organismos, “a través del Decreto 445/2025, el Presidente Milei derogó la mitad de esa ley, eliminando esa función de prevención y control de la ANMaC”. Según ellos, “con esta decisión, Argentina retrocede al modelo de 1973: un Registro Nacional de Armas (RENAR) pasivo, sin capacidad legal para implementar una política activa de prevención y control de las armas de fuego”.

La medida, en palabras del Inceip, “imita lo peor del modelo estadounidense y promueve una sociedad armada”, algo que desde esta mirada “facilita que cualquier conflicto social pueda terminar a los tiros”, “que niños y niñas estén más expuestos a balaceras, masacres escolares o accidentes con armas”, “que el crimen organizado acceda con mayor facilidad a armamento, incluso superior al que poseen las policías”, “que las víctimas de violencia de género sufran más femicidios y amenazas con armas de fuego”, y “que aumente el riesgo de suicidios y accidentes con armas disponibles en los hogares”.

(Fuente: APFDigital)