La sentencia fue dictada este lunes tras un extenso juicio oral en el que se analizaron hechos ocurridos entre 1977 y 1978 en Concepción del Uruguay. Sin embargo, por decisión mayoritaria del tribunal, los condenados continuarán en libertad hasta que el fallo quede firme. Los fundamentos de la resolución serán dados a conocer el próximo 18 de junio.
La causa investigó el secuestro y las torturas sufridas por siete militantes comunistas y tres menores de edad en distintos operativos represivos desplegados en la ciudad. Durante el proceso judicial, numerosos testimonios reconstruyeron los procedimientos ilegales realizados por fuerzas conjuntas integradas por militares, gendarmes y agentes de la Policía Federal.
Uno de los episodios centrales ocurrió el 14 de mayo de 1977, cuando un grupo armado irrumpió en una vivienda donde se celebraba un cumpleaños familiar. Allí fueron detenidos varios militantes comunistas, mientras mujeres y niños permanecieron retenidos bajo amenazas. Posteriormente, los detenidos fueron trasladados al Escuadrón de Gendarmería local, donde sufrieron golpes, humillaciones, simulacros de fusilamiento y otras formas de tortura.
La investigación también abordó otro operativo realizado en enero de 1978 en Banco Pelay, donde dos militantes comunistas fueron secuestrados junto a un adolescente y trasladados a un centro clandestino conocido como la “Casa de Bernay”. Allí denunciaron haber sido sometidos a brutales tormentos físicos y psicológicos, incluyendo la aplicación de picana eléctrica.
Durante el juicio, varios sobrevivientes identificaron a Gómez del Junco como uno de los responsables directos de las sesiones de tortura. Sus testimonios fueron considerados pruebas clave para arribar a la condena.
Además, el tribunal ordenó remitir a la fiscalía federal el testimonio de una mujer que aseguró haber sido víctima de la represión ilegal, con el objetivo de profundizar nuevas investigaciones sobre posibles responsables aún no juzgados.
Por otra parte, los jueces dispusieron comunicar el fallo a la Municipalidad de Concepción del Uruguay para avanzar en la señalización como sitios de memoria de la Unidad Penal N° 4, la sede local del Escuadrón de Gendarmería y la denominada “Casa de Bernay”, lugares vinculados al accionar represivo durante el terrorismo de Estado.
La condena representa un hecho histórico en Entre Ríos, ya que se trata de los primeros integrantes de Gendarmería Nacional condenados por delitos de lesa humanidad cometidos en la provincia durante la última dictadura cívico-militar.
