La captura fue el resultado de una investigación coordinada entre el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Concepción del Uruguay y la Policía Federal Argentina, que permitió localizar al condenado en la provincia de Buenos Aires, donde finalmente fue arrestado el pasado 4 de julio.
Cabra había sido condenado mediante la Sentencia Nº 15/2026, cuyo veredicto fue leído el 16 de junio y cuyos fundamentos se publicaron el 23 de junio. Durante todo el proceso judicial permaneció en libertad bajo estrictas reglas de conducta, ya que la condena aún no se encontraba firme, tal como lo establece el artículo 375 del Código Procesal Penal Federal.
Entre las condiciones impuestas figuraban la obligación de fijar domicilio y presentarse semanalmente ante las autoridades. Sin embargo, al constatarse que había abandonado los domicilios declarados en la provincia del Chaco sin autorización, el Tribunal Federal actuó de inmediato: el 24 de junio lo declaró en rebeldía y ordenó su captura nacional e internacional.
A partir de esa resolución judicial, el Departamento Antisecuestros Norte de la PFA desplegó una exhaustiva investigación que incluyó intervenciones telefónicas, análisis de geolocalización, seguimiento del tráfico de datos y monitoreo permanente de redes sociales, especialmente Facebook, donde se detectaron perfiles y vehículos vinculados al entorno del prófugo.
El operativo concluyó con éxito el 4 de julio en territorio bonaerense. Durante la detención, los efectivos secuestraron cerca de un millón de pesos en efectivo, teléfonos celulares y documentación de interés para la causa.
Un caso de explotación que se remonta a 2006
La condena impuesta a Cabra se originó por hechos ocurridos en 2006. En el juicio quedó acreditado que la víctima, de 17 años en ese momento, fue engañada con una falsa oferta laboral en Chaco y trasladada a Concepción del Uruguay, donde permaneció privada de su libertad y fue sometida a explotación sexual en un prostíbulo conocido como «Snack Bar».
La investigación determinó que la joven sufrió amenazas, agresiones físicas y psicológicas para impedir que escapara. Incluso, tras lograr regresar a Chaco, fue localizada, secuestrada nuevamente y trasladada otra vez a Entre Ríos para continuar siendo explotada.
La denuncia fue presentada en 2019 a través de la Línea 145 y dio origen a una investigación encabezada por la Fiscalía Federal de Concepción del Uruguay, con la intervención de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX), que culminó con el juicio oral y la condena.
Además de la pena de 10 años de prisión, el Tribunal dispuso una indemnización de 65.292.000 pesos para la víctima, el decomiso del inmueble donde funcionaba el prostíbulo y el embargo de una motocicleta.
Con la detención de Cabra, la Justicia Federal podrá avanzar ahora en la ejecución de la condena impuesta y en el cumplimiento de las restantes medidas dispuestas en la sentencia.
(Arriba Noticias)