La legisladora sostuvo que, si bien en cadena nacional se hizo hincapié en el equilibrio fiscal, no se abordaron las consecuencias sociales de las medidas adoptadas. “Milei habló de orden en las cuentas públicas, pero omitió que ese equilibrio se sostiene con jubilaciones que pierden frente a la inflación, universidades desfinanciadas, prestaciones de discapacidad en riesgo y trabajadores con menos derechos”, afirmó.
Marclay recordó además que durante la actual gestión se vetaron iniciativas vinculadas a la recomposición de haberes jubilatorios, el financiamiento universitario y la declaración de la emergencia en discapacidad. “Cada veto tuvo consecuencias concretas en la vida de las personas”, remarcó.
En materia previsional, la diputada fue contundente: “No se puede hablar de orden cuando nuestros adultos mayores deben elegir entre comprar medicamentos o alimentos. El superávit no puede construirse sobre esa realidad”.
Respecto a la educación superior, defendió el rol de la universidad pública al señalar que “no es un gasto, sino una inversión en desarrollo y movilidad social, especialmente en el interior del país”. En cuanto a la reforma laboral, advirtió que “flexibilizar no es modernizar, es debilitar derechos conquistados”.
La dirigente también se pronunció contra la eventual baja de la edad de imputabilidad, al considerar que “la inseguridad no se resuelve criminalizando adolescentes, sino invirtiendo en educación, prevención y oportunidades”.
Por último, Marclay señaló que uno de los aspectos ausentes en el discurso presidencial fue el creciente endeudamiento de los hogares. “Mientras el Gobierno exhibe indicadores macroeconómicos, en los barrios aumenta la dependencia de tarjetas, créditos informales y préstamos para cubrir alimentos, servicios y alquileres. El ajuste no desaparece: se traslada al bolsillo de la gente y se convierte en deuda cotidiana”, expresó.
En su cierre, la diputada planteó una definición política sobre el rumbo del país: “Una Nación no se mide sólo por su superávit, sino por cómo viven sus jubilados, trabajadores y jóvenes. Si el equilibrio se logra afectando derechos, no es orden: es retroceso. Y frente a ese retroceso, nuestra responsabilidad es construir una alternativa que vuelva a poner a las personas en el centro”.