Sancionan con 55 días de arresto al exjefe de la Policía Departamental Uruguay por irregularidades administrativas

La medida fue establecida mediante el Decreto Nº 1905, publicado este miércoles en el Boletín Oficial y firmado por el gobernador Rogelio Frigerio. La resolución representa un nuevo avance en el proceso administrativo que se inició tras descubrirse, en junio de 2024, importantes irregularidades en el manejo de recursos económicos de la institución.

La investigación comenzó luego de advertirse un presunto faltante cercano a los 40 millones de pesos en la División Logística, al que se sumó otro de 6.391.411,14 pesos correspondiente al Círculo Policial. A partir de esos hechos, la Dirección General de Asuntos Internos abrió un sumario para determinar las responsabilidades de los funcionarios involucrados.

Durante el proceso se realizaron auditorías sobre balances, movimientos bancarios, libros contables y documentación financiera, con el objetivo de reconstruir el destino de los fondos administrados por la dependencia policial.

Según los fundamentos del decreto, Albornoz incumplió los deberes propios de su función como máxima autoridad de la Departamental Uruguay y no ejerció el control que su cargo requería. Además, el Gobierno provincial sostiene que habría utilizado parte del dinero proveniente de los aportes realizados por efectivos policiales al Círculo Policial, ocasionando un perjuicio económico superior a los 6,3 millones de pesos.

La investigación administrativa también alcanzó a la exsubjefa de la Departamental, la comisaria inspectora Etelvina Piccini, quien asumió la conducción del Círculo Policial durante la crisis. Las autoridades cuestionaron que, pese a detectar las irregularidades, demoró la intimación a su antecesor y no informó de inmediato la situación a sus superiores ni a la Justicia. Por esa conducta, ya había sido sancionada con 25 días de arresto administrativo.

En paralelo al sumario interno, la causa penal continúa en el ámbito judicial. El Ministerio Público Fiscal investiga a Albornoz por el presunto delito de peculado, mientras las pericias contables incorporadas al expediente detectaron diversas irregularidades en la administración de los fondos y un importante desorden en la documentación, lo que dificultó reconstruir con precisión todos los movimientos financieros.

Con la publicación del decreto, la sanción administrativa quedó formalmente establecida, mientras la investigación judicial sigue su curso para determinar las responsabilidades penales y establecer si existieron otros involucrados en las maniobras investigadas.