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Reforma laboral: la Justicia federal toma el caso y el Gobierno apuesta a revertir la suspensión
Un fallo desplazó a la Justicia laboral y ordenó que intervenga el fuero contencioso administrativo federal, en línea con lo que pedía el Ejecutivo. La decisión reconfigura la disputa por los artículos suspendidos.
El fallo surge a partir de un conflicto de competencia planteado tras la demanda de la CGT, que cuestiona diversos puntos de la reforma por considerar que vulneran derechos laborales protegidos por la Constitución Nacional y tratados internacionales. Entre los aspectos señalados figuran la libertad sindical, la protección contra el despido, la negociación colectiva y el acceso a la justicia.
Desde el Ejecutivo, a través del Ministerio de Capital Humano, se había solicitado que el caso pase al fuero contencioso administrativo al tratarse de una controversia de derecho público con el Estado como parte demandada. La jueza coincidió con este criterio y sostuvo que el planteo no se refiere a conflictos laborales individuales, sino a la legalidad de una política pública.
Argumentos
En su resolución, Marra Giménez advirtió que permitir que la Justicia laboral intervenga en este tipo de casos podría alterar el sistema federal, ya que el control de los actos del Estado corresponde a la órbita federal. En consecuencia, ordenó remitir el expediente al nuevo fuero, donde se deberá continuar el trámite de la causa.
El trasfondo del conflicto se remonta a fines de marzo, cuando el juez laboral Raúl Horacio Ojeda dictó una medida cautelar que suspendió provisoriamente 83 artículos de la reforma laboral. La decisión buscó evitar posibles daños irreversibles a los trabajadores hasta que se resuelva la cuestión de fondo sobre la constitucionalidad de la ley.
Aquella resolución tuvo un impacto inmediato, ya que frenó la aplicación de cambios vinculados a jornadas laborales, indemnizaciones, representación sindical y condiciones de contratación. La CGT, impulsora de la demanda, argumentó que la reforma implica una regresión en derechos adquiridos.
Ahora, con el cambio de fuero, el escenario judicial se redefine. La causa pasará a manos de tribunales especializados en litigios contra el Estado, donde el Gobierno confía en encontrar un criterio más favorable a la validez de la reforma.
Mientras tanto, la discusión de fondo sigue abierta. La resolución actual no define la constitucionalidad de la ley, pero sí marca un cambio clave en el camino judicial que deberá recorrer uno de los proyectos más sensibles del Ejecutivo en materia económica y laboral.
