La diputada nacional uruguayense Marianela Marclay expresó un fuerte rechazo a la recientemente aprobada Ley de Modernización Laboral y aseguró que se trata de “el mayor retroceso en materia de derechos laborales desde el retorno de la democracia”.
Fue la propia Marclay quien, tras la votación en el Congreso, manifestó públicamente su postura crítica frente a la iniciativa impulsada por el oficialismo. Según sostuvo, la norma no representa una actualización del sistema laboral, sino que introduce cambios que —a su entender— abaratan despidos, debilitan la negociación colectiva y modifican el destino de fondos previsionales.
Entre los principales puntos cuestionados por la legisladora se encuentra la modificación del régimen indemnizatorio. De acuerdo con lo aprobado, se establece un tope equivalente a tres veces el salario de convenio y se excluyen del cálculo conceptos como el aguinaldo y las horas extras.
Marclay advirtió que estos cambios pueden reducir de manera considerable los montos a percibir en caso de despido sin causa, especialmente en trabajadores con salarios superiores al básico de convenio. Además, la ley habilita que, si así lo acuerdan los convenios colectivos, el esquema tradicional de indemnización pueda ser reemplazado por un fondo de cese administrado por entidades financieras.
Otro de los ejes de su crítica fue la creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL). Según explicó la diputada, el nuevo mecanismo implicaría redireccionar recursos que actualmente administra la ANSES hacia cuentas privadas gestionadas por bancos para cubrir despidos en caso de quiebra empresarial.
“Los fondos jubilatorios no pueden transformarse en un seguro para abaratar despidos”, sostuvo Marclay, al advertir sobre el impacto que podría tener en el sistema previsional.
La legisladora también cuestionó la figura de “prestador independiente de plataformas” incorporada en la reforma. Desde su perspectiva, esta categoría deja a los trabajadores de aplicaciones sin derechos laborales tradicionales como vacaciones pagas, aguinaldo, indemnización por despido y cobertura de salud a cargo del empleador.
En paralelo, expresó preocupación por los cambios en la vigencia de los convenios colectivos y la prioridad otorgada a los acuerdos de empresa por sobre los de actividad, al considerar que podrían debilitar la capacidad de negociación sindical.
Marclay fundamentó su voto negativo en la defensa del artículo 14 bis de la Constitución Nacional, que establece la protección del trabajo en sus diversas formas. Fue ella misma quien enumeró los puntos que motivaron su rechazo: la reducción de indemnizaciones, la modificación del financiamiento previsional, la precarización de trabajadores de plataformas, la limitación de la tutela sindical y la posibilidad de pago de sentencias laborales en cuotas.
“El trabajo no es una mercancía”, afirmó la diputada uruguayense, y anticipó que continuará oponiéndose a iniciativas que, a su criterio, impliquen retrocesos en derechos conquistados por los trabajadores argentinos.