La solicitud fue admitida por el juez federal subrogante Nº 1 de Concepción del Uruguay, Hernán Viri, quien autorizó la participación de los representantes en el proceso judicial. Desde ese rol, los legisladores buscan contribuir con elementos técnicos y jurídicos que permitan evaluar las posibles consecuencias del proyecto industrial sobre el ecosistema y las comunidades ubicadas sobre la margen argentina del río Uruguay.
En su planteo, Marclay, Michel y Bahl sostuvieron que la eventual radicación de la planta podría generar efectos ambientales, sociales y económicos sobre ciudades como Colón, San José, Liebig, Concepción del Uruguay y Gualeguaychú, entre otras localidades ribereñas. En ese sentido, afirmaron que su intervención apunta a resguardar derechos contemplados tanto en la Constitución Nacional como en tratados internacionales y normas específicas que regulan el uso compartido del río.
Asimismo, remarcaron que el proyecto, según su interpretación, no cumpliría con las disposiciones establecidas en el Estatuto del Río Uruguay ni con los criterios fijados por la Corte Internacional de Justicia en el antecedente conocido como el caso Botnia–UPM, que sentó jurisprudencia sobre la obligación de informar y coordinar este tipo de emprendimientos binacionales.
Otro de los puntos señalados por los legisladores es que, hasta el momento, el Estado uruguayo no habría presentado ante la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU) la documentación requerida para que Argentina pueda analizar formalmente el alcance del proyecto. Este procedimiento es considerado clave dentro del mecanismo bilateral de control ambiental previsto para obras que puedan afectar el curso compartido.
La causa continúa en trámite en el fuero federal, mientras se espera que la incorporación de los nuevos actores contribuya al debate judicial sobre la viabilidad y el cumplimiento de los requisitos internacionales del emprendimiento.
