El fiscal federal Gerardo Pollicita intimó al exjefe de Gabinete Manuel Adorni a justificar su evolución patrimonial en el marco de la causa en la que es investigado por presunto enriquecimiento ilícito. El requerimiento contiene 20 preguntas concretas que deberá responder en un plazo de 15 días, según informó TN.
La medida representó un nuevo avance en la investigación luego de que se incorporara un informe técnico elaborado por la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (DAFI), organismo que analizó la evolución patrimonial y financiera de Adorni y de su pareja, Bettina Angeletti.
De acuerdo con el documento judicial, el análisis “conjunto y pormenorizado” de las pruebas, las declaraciones juradas patrimoniales integrales —tanto públicas como reservadas—, sus rectificativas y el estudio técnico de la SIFRAI-DAFI “permitió advertir las inconsistencias que sustentan el requerimiento de justificación patrimonial”.
La Fiscalía requirió explicaciones sobre incrementos patrimoniales, compras y desembolsos reconstruidos durante la investigación. Según consta en el expediente, esas operaciones, “confrontados con los ingresos lícitos comprobados del grupo familiar, no encuentran hasta el momento explicación suficiente”.
El informe de la DAFI había detectado “inconsistencias” en la evolución patrimonial de Adorni y Angeletti, aunque no determinó una cifra específica correspondiente a un eventual desbalance.
Pollicita había solicitado el estudio con el objetivo de reconstruir integralmente la evolución del patrimonio del exfuncionario y su pareja desde el 14 de diciembre de 2023 hasta la actualidad.
Con el informe técnico incorporado al expediente, la Fiscalía confeccionó un requerimiento compuesto por 20 preguntas específicas destinadas a esclarecer distintos movimientos patrimoniales.
Los interrogantes comprenden desde las rectificaciones realizadas sobre declaraciones juradas hasta gastos en efectivo efectuados en el exterior y arreglos realizados en una propiedad de Indio Cua.
La DAFI realizó un análisis individual sobre Adorni y Angeletti y otro consolidado sobre el grupo familiar. Entre los aspectos examinados estuvieron la composición y evolución de los bienes, las disponibilidades de dinero, inversiones, créditos y deudas existentes durante los períodos investigados.
Otro de los objetivos fue identificar los ingresos y las fuentes de fondos que tuvieran respaldo documental y diferenciarlos de operaciones que no implicaran la incorporación de nuevo dinero.
En ese apartado se incluyeron transferencias entre cuentas propias o del grupo familiar, movimientos internos, rescates de inversiones, devoluciones, reintegros, préstamos, ventas de activos, conversiones de moneda y acreditaciones provenientes de terceros.
Los investigadores también reconstruyeron las entradas y salidas de fondos para compararlas con adquisiciones de bienes, gastos corrientes y extraordinarios, consumos, pagos en efectivo o moneda extranjera y cancelaciones de pasivos.
La investigación también puso el foco sobre los criptoactivos. El informe debía integrar los datos provenientes de plataformas, cuentas y billeteras vinculadas con activos virtuales e identificar depósitos, retiros, compras, ventas, permutas y transferencias.
Posteriormente, esa información debía ser contrastada con las declaraciones juradas y los antecedentes bancarios, fiscales y patrimoniales incorporados al expediente.
Uno de los puntos bajo análisis son los supuestos US$200.000 que Adorni afirmó haber invertido en Bitcoin. La incorporación de nuevos estudios relacionados con las criptomonedas habría provocado demoras en la elaboración del informe técnico.
Los investigadores revisaron además el costo, la fecha de adquisición, la modalidad de pago y las fuentes de financiamiento correspondientes a los bienes incorporados al patrimonio.
En los casos de préstamos, mutuos y otras formas de financiamiento, Pollicita había solicitado analizar la capacidad económica de las partes involucradas y detectar eventuales diferencias entre los instrumentos utilizados, declaraciones juradas, escrituras, registros y documentación respaldatoria.
La DAFI también debía confeccionar una ecuación patrimonial anual y acumulada, tanto individual como del grupo familiar, para confrontar los ingresos lícitos y las disponibilidades iniciales acreditadas con la incorporación de bienes, gastos, consumos y cancelación de pasivos.
A partir de ese análisis, los investigadores buscaron identificar operaciones que no tuvieran correspondencia con los ingresos acreditados, contaran con “respaldo incompleto”, hubieran recibido explicaciones diferentes entre distintas declaraciones o no pudieran ser conciliadas.
La causa por presunto enriquecimiento ilícito contra Adorni continuaba en etapa de instrucción, por lo que el requerimiento patrimonial constituye una instancia dentro de la investigación y no implica una determinación sobre la existencia del delito.
En paralelo, tramita otro expediente relacionado con un viaje que Adorni realizó junto con su familia y el periodista Marcelo Grandio a Punta del Este durante el feriado de Carnaval, a bordo de un vuelo privado.
En ese expediente se investiga quién afrontó los costos del traslado y el vínculo entre Adorni y Grandio, además de contratos que este último habría mantenido con la TV Pública y otros organismos estatales.
Con Elonce