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Dictaron la captura internacional para el condenado por trata de personas que escuchó su sentencia por Zoom y se fugó
La Justicia Federal ordenó la captura nacional e internacional de Rubén Alberto Cabra, de 43 años, luego de que se fugara tras ser condenado a 10 años de prisión por el delito de trata de personas con fines de explotación sexual. El hombre había seguido la lectura del fallo mediante una audiencia virtual y, cuando las fuerzas de seguridad fueron a notificarlo días después, ya había abandonado su domicilio.
La sentencia fue dictada por el Tribunal Oral Federal de Concepción del Uruguay el pasado 16 de junio. Sin embargo, al no disponerse su detención inmediata, Cabra permaneció en libertad durante varios días, situación que le permitió desaparecer antes de que se concretaran las medidas judiciales.
Personal de Gendarmería Nacional se presentó el 20 de junio en Villa Ángela, provincia del Chaco, donde el condenado había fijado residencia. Allí, familiares y allegados manifestaron desconocer su paradero. En una tercera vivienda, los efectivos comprobaron que el inmueble había sido desocupado recientemente y que el hombre se había retirado con todas sus pertenencias.
Rebeldía y orden de captura
Frente a esta situación, el juez de Cámara Sebastián Gallino declaró al condenado en rebeldía mediante la Resolución Nº 29/2026 y ordenó su captura a nivel nacional e internacional, con intervención de Interpol.
Un caso que se remonta a 2006
Durante el juicio quedó acreditado que la víctima, quien tenía 17 años al momento de los hechos, fue engañada con una falsa propuesta laboral en Chaco y trasladada a Concepción del Uruguay, donde fue privada de su libertad y sometida a explotación sexual en un prostíbulo conocido como «Snack Bar».
Según la investigación, la joven sufrió amenazas, violencia física y psicológica para impedir su escape. Incluso, tras lograr regresar a Chaco en una oportunidad, fue localizada, secuestrada nuevamente y trasladada de regreso a Entre Ríos para continuar siendo explotada.
La denuncia fue presentada en 2019 a través de la Línea 145 contra la trata de personas. La investigación quedó a cargo de la Fiscalía Federal de Concepción del Uruguay, con intervención de la procuraduría especializada PROTEX, lo que permitió avanzar hasta el juicio oral.
Indemnización y bienes decomisados
Además de la pena de prisión, el Tribunal fijó una reparación económica de 65.292.000 pesos en favor de la víctima y dispuso el decomiso del inmueble donde funcionaba el prostíbulo, además del embargo de una motocicleta.
No obstante, la ejecución de la condena y el cobro de la indemnización permanecen pendientes hasta que el condenado sea localizado y puesto a disposición de la Justicia. Mientras tanto, la orden de captura continúa vigente y las fuerzas federales mantienen la búsqueda del prófugo.
