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Concepción del Uruguay: solicitaron 20 años de prisión para dos ex gendarmes acusados de delitos de lesa humanidad
La fiscal federal Josefina Minatta pidió este lunes penas de 20 años de prisión e inhabilitación absoluta y perpetua para los ex integrantes de la Gendarmería Nacional, Roberto Oscar Caserotto y Néstor Alfredo Gómez del Junco, acusados de cometer delitos de lesa humanidad durante la última dictadura militar en Concepción del Uruguay.
El planteo fue realizado ante el Tribunal Oral Federal local, en el marco del juicio que investiga secuestros, tormentos, allanamientos ilegales y asociación ilícita contra militantes del Partido Comunista ocurridos entre 1977 y 1978.
Durante un alegato que se extendió por más de dos horas, la representante del Ministerio Público Fiscal sostuvo que ambos acusados participaron directamente en operativos represivos desarrollados en la ciudad y reclamó que las eventuales condenas sean de cumplimiento efectivo y en cárcel común.
“La imposición de una pena menor implicaría banalizar los crímenes de masa ocurridos en nuestro país”, expresó la fiscal durante su exposición.
Operativos represivos y víctimas
Según detalló la acusación, uno de los hechos centrales ocurrió el 14 de mayo de 1977, cuando efectivos de Gendarmería y del Ejército irrumpieron en una vivienda de la familia Montesino, donde se celebraba un cumpleaños al que asistían militantes del Partido Comunista.
En ese procedimiento fueron detenidas varias personas, entre ellas Roberto Montesino, Carlos Stur, Juan Bautista Echeverría, Eladio Bochatay, Raúl y Jorge Impini, Raúl Jáuregui, Rodolfo Saldarrelli, Mirta Bochatay y Berta Muñoz.
La fiscal describió que las víctimas fueron sometidas a golpes, amenazas, simulacros de fusilamiento y torturas físicas y psicológicas tanto en el Escuadrón 6 de Gendarmería como en la Unidad Penal N°4.
Además, remarcó la situación vivida por dos niños presentes en el operativo, hijos de una de las víctimas, quienes permanecieron varios días bajo vigilancia y amenazas dentro de la vivienda familiar.
El segundo episodio juzgado ocurrió en enero de 1978 en el balneario Banco Pelay, donde Carlos Stur y Juan Bautista Echeverría fueron secuestrados y posteriormente trasladados a una vivienda donde, de acuerdo con los testimonios incorporados al juicio, sufrieron severas torturas. En este hecho, la acusación apunta específicamente contra Gómez del Junco.
Pedido de señalización de sitios de memoria
En su alegato, Minatta también solicitó que, una vez firmes las condenas, se disponga la baja definitiva de ambos acusados de la Gendarmería Nacional.
Asimismo, pidió que se avance en la señalización como sitios de memoria del Escuadrón 6 de Gendarmería, la Unidad Penal N°4, una vivienda ubicada en las afueras de la ciudad y el balneario Banco Pelay, lugares donde habrían ocurrido los hechos investigados.
La fiscal requirió además que se extraigan testimonios brindados durante el debate oral para impulsar nuevas investigaciones sobre otros crímenes cometidos durante el terrorismo de Estado en la región.
La importancia de los testimonios
Durante la audiencia, la fiscal resaltó el valor de las declaraciones de las víctimas y sobrevivientes, al considerar que constituyen pruebas fundamentales en este tipo de procesos.
En ese sentido, recordó que los delitos investigados fueron cometidos en un contexto clandestino, donde muchas veces se eliminaron pruebas documentales o rastros materiales de los hechos.
También hizo especial referencia a las víctimas infantiles del terrorismo de Estado y sostuvo que las prácticas represivas ejercidas contra niños y niñas produjeron consecuencias que perduraron a lo largo del tiempo.
