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Concepción del Uruguay: la Justicia condenó a cinco personas por las irregularidades en la construcción y finalización de las 80 viviendas de San isidro
El 3 de julio de 2026, el Tribunal de Juicio y Apelaciones de Concepción del Uruguay, con la firma del vocal Mariano Sebastián Martínez, dictó la Sentencia N° 122 y condenó a cinco personas por los delitos de peculado y falsedad ideológica de documentos públicos en concurso ideal informó Análisis Digital.
Los condenados son Claudio Martín Mazzarello, Germán Ernesto Stegemann, Rodrigo Alberto Romero Oliva, Ligia Tamara Cáceres y Maximiliano David Saavedra. Mazzarello y Stegemann recibieron tres años de prisión condicional, mientras que los otros tres fueron condenados a dos años y seis meses, también de cumplimiento condicional. Además, todos fueron inhabilitados de manera perpetua para ejercer cargos públicos.
La investigación comenzó en 2018 tras una denuncia anónima que advertía sobre irregularidades en la ejecución del programa habitacional financiado con fondos nacionales. La causa determinó que se emitieron certificados de obra con avances superiores a los realmente ejecutados, lo que permitió justificar desembolsos millonarios para trabajos que nunca se realizaron.
Las pericias y auditorías revelaron importantes diferencias entre el avance certificado y el estado real de las obras. En uno de los convenios se informaba un avance financiero cercano al 93%, cuando la ejecución rondaba el 74%; en otro, se certificó un 68,5% frente a un avance real de apenas el 26,4%.
Un relevamiento de Gendarmería Nacional confirmó que solo se habían construido 143 de las 160 viviendas comprometidas, mientras que 17 nunca fueron iniciadas. Además, se detectaron deficiencias constructivas en varias de las unidades.
El peritaje contable estimó que el perjuicio económico superó los 13 millones de pesos a valores históricos solo en concepto de mano de obra, además de advertir irregularidades en la certificación de obras complementarias y graves falencias en la documentación contable del consorcio encargado de administrar los fondos.
La causa continuará respecto de Mario Jorge Acuña, exsecretario de Obras Públicas municipal y expresidente del consorcio de gestión, quien no aceptó el juicio abreviado y enfrentará un proceso ordinario.
El tribunal consideró acreditados los delitos de peculado y falsedad ideológica de documento público, al entender que se certificaron obras inexistentes y se desviaron fondos públicos destinados a viviendas para familias de bajos recursos. Mientras las primeras 80 viviendas fueron finalizadas y entregadas, la segunda etapa quedó inconclusa y 17 familias nunca accedieron a la casa que figuraba como construida en los registros oficiales.
