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Concepción del Uruguay: juzgan a dos ex gendarmes por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura
El Tribunal Oral Federal de Concepción del Uruguay dio inicio al juicio contra dos exintegrantes de la Gendarmería Nacional acusados de cometer delitos de lesa humanidad en mayo de 1977, en el marco de la última dictadura cívico-militar. Los hechos investigados involucran a siete víctimas vinculadas al Partido Comunista, entre ellas niños y niñas.
Los imputados, Roberto Oscar Caserotto (72) y Néstor Alfredo Gómez del Junco (74), están señalados como coautores de asociación ilícita, allanamientos ilegales, privaciones ilegítimas de la libertad agravadas por el uso de violencia y tormentos. En total, se les atribuyen hechos que afectaron a diez personas —tres de ellas menores de edad— y nueve episodios de tortura. En el caso de Gómez del Junco, la acusación incluye además otros delitos ocurridos en enero de 1978.
Néstor Alfredo Gómez del Junco es uno de los ex oficiales de Gendarmería Nacional acusados de crímenes de lesa humanidad en este juicio. –
El tribunal está conformado por los jueces Noemí Marta Berros, José María Escobar Cello y Eugenio Martínez Ferrero, mientras que la acusación está a cargo de la fiscal Josefina Minatta, acompañada por la auxiliar fiscal Gabriela Velázquez. También participa como amicus curiae el Registro Único de la Verdad de Entre Ríos.
Durante la primera audiencia, se dio lectura al requerimiento de elevación a juicio presentado por el Ministerio Público Fiscal y se formalizó la apertura del debate. Ambos imputados optaron por no declarar en esta instancia y solicitaron que se incorporen sus testimonios previos. Asimismo, se reprodujeron declaraciones testimoniales registradas en una causa anterior vinculada a los mismos hechos. El proceso continuará con nuevas declaraciones de testigos.
De acuerdo con la investigación fiscal, uno de los operativos tuvo lugar el 12 de mayo de 1977, durante un cumpleaños en una vivienda de la ciudad. En ese contexto, fuerzas de seguridad irrumpieron en el domicilio, amenazaron a los presentes —incluidos menores— y detuvieron a varias personas, quienes habrían sido trasladadas a dependencias de Gendarmería, donde sufrieron golpizas, amenazas y torturas. Entre los abusos denunciados figuran golpes durante los traslados, condiciones de detención inhumanas y simulacros de fusilamiento.
Otros testimonios indican que algunas víctimas permanecieron privadas de su libertad durante aproximadamente diez días bajo custodia de la fuerza. Parte de estos hechos ya habían sido considerados en una sentencia de 2019 que condenó a otro imputado por delitos similares.
En relación con los hechos atribuidos específicamente a Gómez del Junco, se investiga un operativo realizado en enero de 1978 en el balneario Banco Pelay, donde varias personas fueron detenidas, trasladadas en un vehículo y sometidas a torturas, incluyendo el uso de picana eléctrica.
La fiscal Minatta puso especial énfasis en las violencias ejercidas contra niños y niñas durante los operativos. Según sostuvo, algunos menores fueron amenazados con armas, retenidos ilegalmente junto a sus familias y expuestos a situaciones de extrema violencia. También se documentó el caso de un niño de diez años que fue abandonado durante horas tras presenciar la detención de su padre.
La representante del Ministerio Público subrayó que estos hechos evidencian un patrón de represión que también alcanzó a las infancias, cuyas experiencias no habían sido investigadas en profundidad en procesos judiciales anteriores. En ese sentido, remarcó que las consecuencias de estas prácticas persisten hasta la actualidad en las víctimas.
El juicio continuará en los próximos días con la presentación de nuevos testimonios y pruebas.
